Opinión

¿Concejal o concejala? El delirante caso de Felipe González, ex concejal de Lampa

 

 

En diciembre pasado se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema respecto al caso de "discriminación" entablado por el concejal travesti (en estricto rigor no aplica la categoría transexual, ya veremos por qué) de Lampa, Felipe González Pino, en contra de la Alcaldesa Graciela Ortuzar. Dicha sentencia, en razón de lo resuelto, es de suma importancia respecto a lo que entendemos por discriminación, identidad de género y libertad de expresión, por lo que se hace necesario analizarla y entenderla para poder estar preparados en lo que se viene.

En primer lugar, relevante es destacar que el concejal había perdido ambas instancias, tanto ante el Juzgado de Letras de Colina como ante la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes habían rechazado la demanda de González por cuanto estos no calificaron como discriminación arbitraria el hecho que la alcaldesa se refiriera al concejal de acuerdo a su nombre legal. Ahora bien, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, con los votos a favor de los ministros Brito, Chevesich, Muñoz y la abogada integrante  Etcheberry, decidieron invalidar de oficio  (lo que revela el interés particular de los ministros para revisar dicha sentencia) lo resuelto por la Corte de Apelaciones y dictar un sentencia de reemplazo en la cual los argumentos esgrimidos dejan mucho que desear.

El fallo de reemplazo (de tan solo 5 páginas) redactado por la ministra Gloria Ana Chevesich, plantea el argumento que la identidad de género se enmarca dentro del derecho a la identidad, el cual a su vez se encuentra protegido por el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño,  que por lo tanto la identidad de género  sería un derecho fundamental protegido por la Ley Nº 20.609 (Ley Zamudio) y que, además, la alcaldesa al referirse al demandante por su nombre legal y no a su nombre social estaría transgrediendo su derecho a la identidad y discriminándolo arbitrariamente. El fallo concluye que al vulnerarse el derecho a la identidad de la demandante se violarían también sus derechos a la integridad psíquica y la igualdad ante la ley “pues el fuero interno de la agraviada experimentará sentimientos de aflicción, generando una suerte de discriminación a su respecto” y que por lo tanto “si con motivo de su identidad de género experimentan una distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que les cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legitimo de los derechos fundamentales señalados, corresponde entender que se configuró un acto de discriminación arbitraria atendido los términos del artículo 2 de la Ley Nº 20.609”. Todas estas razones que da la Corte para condenar a la alcaldesa, son falaces y no aguantan un razonamiento detenido respecto a estos como lo demostraré a continuación.

 

La Identidad

 

En Chile, como sabemos, las personas tenemos nombres propios y apellidos, los cuales se inscriben en el Registro Civil cuando nacemos y nos acompañan toda la vida a menos que decidamos cambiarlos, cosa que se puede hacer fundadamente una sola vez en la vida. Nuestros nombres tienen por objeto individualizarnos frente a la sociedad y es lo que permite que el resto sepa que soy Sutanito y no Periquito. Por lo tanto, cumple un rol de seguridad jurídica tanto para uno como para el resto de las personas. Ahora bien, el Estado y sus representantes tienen la obligación de dirigirse a las personas de acuerdo a sus nombres legales, no con motes, ni sobrenombres, ni pseudónimos, esto en base al principio de igualdad ante la ley y porque todos somos dignos del mismo trato.

El nombre social que alega el concejal, valga la redundancia, es una construcción social o personal, que carece de valor para esta y para el Estado. Es más, este sólo adquiere valor en el caso del cambio de nombre, donde se utiliza como antecedente para justificar el cambio. Pues bien, el concejal Felipe González Pino, jamás se ha cambiado de nombre ni ha iniciado juicio alguno para hacer esto. Tanto es así, que el mismo en una entrevista que dio a la revista Paula en el año 2012, al preguntársele si le gustaría cambiarse de nombre este respondió que en definitiva no lo ha hecho porque sus votantes lo conocen como Felipe y no como Alejandra, y de hacerlo esto podría perjudicar su reelección.  Ahora, si el concejal voluntariamente se identifica legalmente como Felipe y este no utiliza las herramientas que otorga la ley para cambiar su nombre, ¿es acaso válido que este le exija a una autoridad que se refiera a él de otra forma o con otro nombre? ¿Podría yo exigirle a un carabinero que se dirija a mí con mi seudónimo de Internet porque mi subjetividad así lo quiere?  La respuesta razonable es que no corresponde, sin embargo, la Cuarta Sala de la Corte Suprema parece tener problemas.

El seudónimo o sobrenombre que  Felipe González Pino con el cual decide auto-referirse a sí mismo es irrelevante para el colectivo, ya que proviene y se rige netamente por el fuero interno de esta persona. Hoy puede ser Felipe, mañana Alejandra, pasado mañana Fernanda y el mes siguiente Andrés. ¿Cómo sé yo con quien interactúo, si basta la mera voluntad de esta persona para determinar su nombre frente a la sociedad? Como explicaba, el nombre cumple una función de seguridad jurídica, de saber con quien interactuamos, por lo tanto no podemos permitir como sociedad que el simple capricho de algunos (impulsado  e introducido en las instituciones por sociólogos y antropólogos sociales de Izquierda) determine los términos de nuestras relaciones sociales.

 

¿Discriminación arbitraria?

 

En efecto, ¿se enmarca objetivamente la acción de la alcaldesa en lo que la Ley Zamudio califica como discriminación arbitraria? ¡NO! 

La Ley 20.609 en su artículo 2, define lo que entiende por discriminación arbitraria y la califica como “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuadas por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular, cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.” Siendo esta definición lo que se entiende por discriminación arbitraria, debemos analizar en primer lugar si la alcaldesa llamando por su nombre legal al concejal incurrió en una distinción, exclusión o restricción que carece de justificación razonable.  

La Real Academia Española del Lenguaje define distinción en primer lugar como laacción y efecto de distinguir o distinguirse”y define distinguir como “hacer que algo se diferencie de otra cosa por medio de alguna particularidad. ¿En el caso se puede decir que la Alcaldesa incurrió en una distinción respecto al concejal González  en cuanto al resto de los concejales al llamarlo por su nombre legal? Evidentemente que no, de hecho, la alcaldesa al llamarlo por su nombre legal actuó de forma igualitaria, puesto que a todos los llamo por su nombre legal.

¿Es una exclusión? Tampoco. La RAE define exclusión como el acto de excluir que no es otra cosa que “quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello”. El llamar al concejal por su nombre, en caso alguno implico prescindir de el en las cesiones del concejo municipal o negarle el cargo en la municipalidad.

¿Finalmente corresponde a una restricción? Evidentemente que tampoco, por cuanto esto implica restringir sus derechos y en caso alguno el simple acto de dirigirse al concejal mediante su nombre legal que el mismo acepta, utiliza y voluntariamente no cambia, no puede constituir una restricción. Pues bien, si el acto que se le reprocha a la alcaldesa (llamar al concejal por su nombre) no cabe en ninguna de las tres acciones que configuran  la discriminación arbitraria según la Ley Zamudio, ¿es posible condenarla por ello? Evidentemente que no y es por eso que la sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Suprema es injusta y lo que es peor, sabe que es injusta, que no está en lo correcto jurídicamente  y por eso es tan escueta en argumentos o en cuanto a tipificar el actuar de la demandada. Y lo que es aún peor, pudiendo los jueces haber condenado a la alcaldesa por los otros hechos de los cuales se le acusaba, que constituían hechos indubitados de discriminación arbitraria o por último hostigamiento laboral, decidieron condenarla por hacer uso de su libertad de expresión.

 

Libertad de Expresión

 

La sentencia es un duro golpe para libertad de expresión en Chile. Recordemos que todo tipo de forma de comunicación que emana de los individuos está protegida por la libertad de expresión consagrada en el articulo 19 numeral 12 de la Constitución Política de Repúbllica. Si bien, la libertad de expresión en Chile admite límites como los delitos de injurias y calumnias, en  ningún caso la Constitución permite que a alguien le sea prohibido emitir opinión o que se le obligue a alguien a emitir un discurso u opinión por la fuerza. Sin embargo, en este caso, haciendo uso de un argumento irracional y de su potestad de imperio, la Corte, ha obligado a la alcaldesa a autocensurarse so pena de incurrir en el delito de  desacato. Así es: la corte sentenció a la alcaldesa a dirigirse al concejal con su nombre social. Y el argumento que dio para esto es increíble. Argumenta que  el hecho de que la alcaldesa se dirija al concejal por su nombre legal, vulnera el derecho a la integridad psíquica y el de igualdad ante la ley pues “el fuero interno de la agraviada experimentará sentimientos de aflicción generando una suerte de discriminación a su respecto…” (nótese que en todo el fallo se menciona al demandante de forma femenina siendo que este no se a cambiado de sexo… simplemente delirante), y siendo que se encuentran transgredidos supuestamente estos derechos fundamentales es que la Corte se encontraría facultada para restringir el derecho fundamental de libertad de expresión.

En la doctrina constitucional se acepta que se restringa un derecho fundamental en pos de otro si es que el ejercicio de un derecho vulnera el otro. Sin embargo, en el caso planteado la vulneración de los derechos fundamentales de la integridad psíquica y de igualdad ante la ley del demandante es irrisoria. ¿Cómo es posible que llamarlo a uno por su nombre de toda la vida le cause a uno aflicción? Y si tanta aflicción le genera su nombre, ¿por qué no se lo cambia? 

 

 

Lo que realmente ocurre es que Felipe tiene un problema para aceptar la realidad, su realidad. Y en vez de aceptarla y aceptarla como el resto, la niega, pero no se queda ahí. La oculta, pero no la transforma. Piensa que si nadie se la recuerda esta no podrá afectarlo. Y si alguien se atreve recordársela ¡ay de él!, porque Felipe hará lo que sea para callarlo y censurarlo, porque su subjetividad y sus emociones valen más que la libertad del resto. Y si el no puede aceptar la realidad, hará que el bravucón del Estado obligue al resto a aceptar su delusión.

Si dejamos que los subjetivismos personales dicten las relaciones sociales  o lo que podemos decir o no, nos arriesgamos en convertir a nuestra sociedad en una dictadura de los sentimientos y de arrojar por la basura miles de años desarrollo intelectual. John Stuart Mill escribió que “las opiniones y las costumbres falsas ceden gradualmente ante el hecho y el argumento; pero para que los hechos y los argumentos produzcan alguna impresión sobre el espíritu es necesario que se les presente”.

La Corte Suprema al prohibirle a la alcaldesa usar su derecho fundamental de libertad de expresión no solo está dañando a ésta si no que también le causa un daño irreparable al concejal por que lo condena a su delirio.

 

Conclusiones

 

Esta sentencia de la Corte Suprema es peligrosa por donde se le mire. En primer lugar se compra y avala toda la teoría de la identidad de género incluida aquella estupidez de que no es necesario operarse ni seguir un tratamiento hormonal y cambiarse el nombre para poder cambiar de sexo. Es evidente la relación que existe entre este fallo y  la urgencia dada por el Gobierno al proyecto de Ley sobre la Identidad de Genero.

En segundo lugar, es peligroso, por cuanto es evidentemente una forma de activismo judicial por la cual nuevamente los jueces se apartan de la judicatura y hacen el papel de legisladores y justicieros sociales.

En tercer lugar, es peligrosa porque coarta la libertad de expresión de una persona en particular y es una amenaza clara para todo el resto. ¡Ay de uno que vaya por la vida dirigiéndose a las personas por su nombre legal y no por sus caprichos subjetivos! No faltará mucho para que las ordas izquierdistas autoritarias concurran en manada a los tribunales a demandar a cualquiera que se niegue a dirigirse a ellos como estos quieran.

En cuarto lugar, abre la puerta para que propuestas de legislación anti-libertad de expresión agarren fuerza en Chile. Es probable que proyectos de ley copiados a la infame ley C-16 de Canadá vean la luz en el Congreso, o que las propuestas de los diputados comunistas por crear una Ley Mordasa se materialicen. 

Por lo tanto, este es un llamado de alerta a todos aquellos que aman aquel derecho que les permite expresarse y decir lo que piensan sin pedir autorización aún cuando aquello que digan no esté de moda, porque a la Izquierda autoritaria hoy actuó sobre una sola persona: mañana puede ser sobre todos nosotros.

 

Héctor Cáceres Contador, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, colaborador de Letras Libertarias.

 

 

Por Letras Libertarias

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